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26 de enero de 2018 infobae.com
Llevando los últimos nazis a la Justicia
Efraim Zuroff

En junio de 1981, varios meses después de haber comenzado a trabajar como investigador en Israel para la Oficina de Investigaciones Especiales (OSI) del Departamento de Justicia de Estados Unidos, la que fuera establecida en 1979 para enjuiciar a los criminales de guerra nazis y colaboradores que habían emigrado a América, Jerusalén fue la sede del Primer Encuentro Mundial de Sobrevivientes Judíos del Holocausto.

Entre los importantes invitados asistentes al evento estaba mi jefe, el director de OSI, Allan Ryan, a quien hice una pregunta que estaba en la mente de muchos de los participantes.

"¿Por cuánto tiempo más cree usted que continuará el enjuiciamiento a los perpetradores del Holocausto?". "De tres a cinco años", respondió, con absoluta confianza. Once años después, Josef Schwammberger, el comandante de tres campos nazis de trabajo forzados en Polonia, fue declarado culpable de siete cargos de homicidio en Stuttgart y condenado a cadena perpetua.

El informe del New York Times sobre su juicio se tituló: "Último criminal nazi recibe sentencia de por vida", y dos años más tarde se publicó un libro sobre su juicio bajo el título: "El último nazi: Josef Schwammberger y el pasado nazi". Estos días recuerdo a menudo estos dos casos mientras irrumpe la noticia de otra acusación formal en Alemania contra un criminal de guerra nazi.

De hecho, recientemente, la Oficina Central Alemana para la Aclaración de Crímenes Nacionalsocialistas (Zentrale Stelle) anunció que había presentado acusaciones contra nueve presuntos guardias que habían servido en los campos de concentración de Auschwitz, Mauthausen, Buchenwald y Ravensbruck. Si les sumamos las dos acusaciones presentadas varias semanas antes por la misma oficina contra dos guardias del campo de concentración de Stutthof, la cifra asciende a 11 individuos acusados de crímenes nazis que probablemente enfrentarán su enjuiciamiento en 2018. El 29 de diciembre de 2017, el Tribunal Constitucional de Alemania dictaminó que Oskar Groening, de 96 años, conocido como "El contador de Auschwitz", que ya había sido declarado culpable en 2015 bajo la nueva política de enjuiciamiento, debe ir a la cárcel por su papel en los asesinatos en masa cometidos en el campo de concentración nazi. Dado el hecho de que desde 2001 solo siete criminales de guerra nazis habían sido procesados en Alemania, y que han pasado más de setenta años desde el final de la Segunda Guerra Mundial, esta estadística es prácticamente increíble.

Entonces, ¿qué ha cambiado en Alemania? Irónicamente, la respuesta está relacionada con el fallido enjuiciamiento en Israel de Ivan Demjanjuk, conocido como "Iván el Terrible" de Treblinka. Tras su expulsión de Israel, el ucraniano que había servido como guardia armado de las SS en el campo de exterminio de Sobibor, regresó a los Estados Unidos, donde pudo recuperar su ciudadanía estadounidense. Para crédito de la OSI, se volvieron a presentar cargos contra él, esta vez por ocultar su servicio en Sobibor, y en 2005 se ordenó la deportación de Demjanjuk a Alemania, Polonia o Ucrania.

Los estadounidenses no pueden enjuiciar a los criminales de guerra nazis por sus crímenes del Holocausto, ya que fueron cometidos en el extranjero y sus víctimas no eran ciudadanos estadounidenses. En consecuencia, estas personas son enjuiciadas por haber ocultado, en el momento de aplicar para emigrar a América, su servicio en favor de las fuerzas del Tercer Reich durante la guerra y también en una instancia posterior, al obtener la ciudadanía estadounidense. El castigo en estos casos es desnaturalización y deportación, o extradición si hay un país que busca enjuiciarlos por sus crímenes.

El problema era, sin embargo, que ninguno de los países a los que se lo podría haber deportado estaba dispuesto a aceptarlo. Alemania normalmente no buscaba extraditar a criminales nazis que no fueran alemanes, ni a Volksdeutsche (europeos del este de origen alemán), ni a ciudadanos alemanes. Además, para enjuiciar a un perpetrador del Holocausto en la República Federal, los fiscales debían poder demostrar que el sospechoso había cometido un crimen específico contra una víctima específica y que el crimen había sido motivado por el odio racial. En el caso de Demjanjuk, sin embargo, no se disponía de tal evidencia, ya que la única persona que había testificado sobre el papel activo de Demjanjuk en los asesinatos en Sobibor, un compañero de guardia de las SS ucranianas llamado Ignat Danielchenko, ya no estaba vivo. La falta de pruebas suficientes para un enjuiciamiento penal aparentemente también fue la razón por la cual Polonia se negó a extraditar a Demjanjuk.

En lo que respecta a Ucrania, nunca han investigado, y mucho menos enjuiciado, a un solo ucraniano nazi sospechoso de haber cometido crímenes del Holocausto. Por lo tanto, parecía que Demjanjuk permanecería por el resto de su vida en su casa en Seven Hills, Ohio, un resultado extremadamente frustrante para las autoridades estadounidenses, que habían estado tratando de deshacerse de él durante más de tres décadas.

Ante el intenso cabildeo de los estadounidenses, fueron los alemanes quienes encontraron una solución al problema, lo que finalmente allanó el camino para numerosos juicios adicionales de criminales de guerra nazis en Alemania, que de otra manera nunca hubieran sido procesados.

Los individuos responsables del cambio fueron dos abogados que trabajaron en la Zentrale Stelle, Thomas Walther y Kirsten Goetze, quienes propusieron la adopción de una nueva estrategia de enjuiciamiento para casos de guardias en campos de exterminio "puros", como es el caso de Sobibor, sin campos de trabajo adyacentes.

Dado que el único propósito de estos campamentos era el asesinato de civiles inocentes, en efecto, cualquier persona que prestara servicio en un lugar así podría ser condenada por "participar en el asesinato" basándose en dicha prestación, cuyo castigo es de 5 a 15 años en la legislación alemana. En términos prácticos, esto significaba que, en ciertos casos de crímenes de guerra nazis, los fiscales alemanes ya no tenían que demostrar que un sospechoso había cometido un delito específico motivado por el odio racial contra una víctima específica, que generalmente requería un testigo ocular que hubiera visto el crimen. Ahora sería posible condenar a algunos perpetradores del Holocausto basándose únicamente en documentos, lo que obviamente fue mucho más fácil.

Aplicando esa estrategia, Demjanjuk fue extraditado a Alemania en 2009 y acusado de 27.900 cargos de complicidad de asesinato, uno por cada persona asesinada en Sobibor mientras servía allí como guardia armado. Este fue el caso de prueba para la nueva estrategia de enjuiciamiento, y una vez que fue condenado y sentenciado a cinco años de prisión en mayo de 2011, la Oficina Central comenzó a buscar más sospechosos. Lo más importante es que este caso dio pie a ampliar justificadamente el alcance de la búsqueda para incluir también a Auschwitz y Majdanek, campos de exterminio con campos de trabajo adyacentes, así como a Einsatzgruppen, las unidades asesinas móviles que asesinaron a más de un millón de judíos en la Unión Soviética, principalmente por fusilamiento, pero también por el uso de furgonetas de gas.

Desde entonces, otros dos hombres que sirvieron en Auschwitz —Oskar Groening (2015) y Reinhold Hanning (2016)— han sido condenados por sus servicios. La búsqueda de sospechosos, además, se ha extendido más allá de los seis principales campos de exterminio (Auschwitz, Treblinka, Belzec, Chelmno, Sobibor y Majdanek) para incluir a Stutthof, donde los nazis construyeron una cámara de gas en 1943 para ayudar a implementar la solución final. Así como a Mauthausen y Ravensbruck, por la misma razón, y Buchenwald.

Estos esfuerzos de las autoridades alemanas para llevar a los perpetradores del Holocausto a la Justicia, conducidos por Jens Rommel, el director de la Zentrale Stelle, son un correctivo muy mínimo al muy deficiente récord de Alemania en términos de enjuiciamiento a los criminales de guerra nazis, y los caminos hacia las condenas y los castigos están plagados de trampas.

Los casos iniciados por la Zentrale Stelle deben enviarse a los fiscales locales más cercanos a la residencia de los sospechosos, quienes son los que manejan estos archivos. La experiencia pasada ha demostrado que mientras algunos lo hacen con gran dedicación, otros se muestran indiferentes a la importancia única de llevar a cabo tales procedimientos.

Más problemática aún es la edad avanzada de los acusados, de al menos noventa años y cuya salud puede deteriorarse fácilmente.

A menudo digo, en un tono medio en broma, que soy el único judío del mundo que reza por la buena salud de los criminales de guerra nazis, pero, irónicamente, estas oraciones se necesitan ahora más que nunca, ya que las ruedas de la Justicia giran siempre lentamente y estos casos no reciben ninguna prioridad especial.

Otro tema que se expuso recientemente se refiere a los casos de miembros de los Einsatzgruppen, contra quienes aún no se ha presentado una sola acusación formal. Identificamos al menos dos hombres que sirvieron en Einsatzgruppe C, la unidad que llevó a cabo las masacres en Babi Yar y otros lugares en Ucrania, y hace tres meses, con la ayuda del Programa de Investigación Principal de la estación de televisión alemana ARD Kontraste, fueron mostrados vivos y en buenas condiciones viviendo en Alemania. Habíamos presentado sus nombres como posibles sospechosos a los ministros de Justicia y de Interior de Alemania en septiembre de 2014, pero todavía no habían sido interrogados por las autoridades y aún no se han presentado acusaciones contra ellos. Resulta que nadie había compilado nunca una lista completa de los Einsatzgruppen, individuos que pasaban largos períodos asesinando judíos prácticamente a diario, lo que tristemente empaña los últimos esfuerzos realizados por la Justicia alemana.

No obstante, el cambio dramático en la política de enjuiciamiento de Alemania ha producido resultados positivos concretos y tiene el potencial para alcanzar incluso mayores éxitos, ninguno de los cuales habría sido posible sin el referido cambio. De hecho, Alemania es el único país que ha acusado y condenado algún criminal de guerra nazi en los últimos años, y hay muy pocas posibilidades de que cualquier otro país lo haga en el futuro. Dado el papel central de ese país en los enormes crímenes cometidos en la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto, eso es lo que corresponde que sea, pero los responsables del cambio merecen además un crédito especial, así como nuestra gratitud por mantener vivos los esfuerzos para responsabilizar a los perpetradores del Holocausto contra todas las probabilidades y las predicciones.

 

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