La maquinaria legal y jurídica contra los criminales de guerra del III Reich sigue en marcha. Pero la falta de pruebas, la edad de los acusados y el debate ético que suscita juzgar a nonagenarios enfermos obstaculizan la labor de los fiscales y de los jueces.

„Da, naravno“, rekao je Zurof za agenciju Sputnjik, odgovarajući na pitanje da li je Finales de noviembre de 2018, tercera vista del juicio contra un exintegrante de las SS de 94 años en Münster, al oeste de Alemania. La expectación masiva del primer día se ha transformado en una atención silenciosa, escrutadora de los movimientos del acusado, postrado en silla de ruedas, cabizbajo y el semblante ausente. Johann Rehbogen, exguardia entre 1942 y 1944 del campo nazi de Stutthof, cerca de la ciudad de Gdansk, en la Polonia ocupada durante la II Guerra Mundial, responde con un hilo de voz a las preguntas. No vio muertos en el campo, no vio matar a ningún deportado, no vio la llegada de ningún tren, ni desposeer a nadie de sus pertenencias, ni siquiera conocía la existencia de los crematorios. “Me enteré después”, asegura.

Muy distinta era la opinión del fiscal del caso, Andreas Brendel, todo un veterano desde hace 20 años en la investigación de los crímenes nazis, convencido de que el acusado era consciente de lo que acontecía dentro del campo. En la época en que Rehbogen llevó a cabo su trabajo, cientos de detenidos murieron en la cámara de gas o fueron cruelmente ejecutados tal y como relataba la acusación del juicio, sustentándose en parte en el demoledor informe de más de 200 páginas elaborado por un experto historiador, Stefan Hördler, sobre las atrocidades cometidas en Stutthof.
Rehbogen reconoció haber trabajado como guardia en las torres de vigilancia del campo con tan solo 18 años, pero su abogado aclaró que se había afiliado a las SS influenciado por el momento entusiasta del mandato de Hitler; que en Stutthof, su primer destino, jamás supo nada de asesinatos y que, de haberlo sabido, tampoco podría haber reaccionado para evitarlos. El anciano aseguró en público que no se reprochaba nada y, aunque lloró ante el testimonio de dos supervivientes del campo nazi que acudieron a la primera vista del juicio, no hizo ningún gesto cercano a la disculpa. En diciembre, el proceso se suspendió temporalmente a causa de la hospitalización del acusado. El pasado 3 de abril, fue definitivamente anulado. El reloj biológico de los acusados, nonagenarios, marca la pauta del presente y del futuro junto con la falta de pruebas incriminatorias en muchos casos. Por ello es lógico pensar que, tal vez, el juicio contra Johann Rehbogen haya sido uno de los últimos contra los criminales del III Reich.

¿El último juicio? En Alemania existen numerosos procesos abiertos, y se espera el juicio contra un SS, exguardia de Stutthof, Bruno Dey. Este resurgir de casos atiende al renovado interés de las autoridades alemanas de investigar nuevas acusaciones, así como al empeño de cazanazis como Efraim Zuroff, dedicado en cuerpo y alma a llevar ante la justicia a integrantes de los ­Einsatzgruppen —los escuadrones de ejecución de la Alemania nazi—, investigar la complicidad lituana en los delitos de la Shoah y localizar a los últimos nazis vivos del planeta. Objetivo: impartir justicia antes de que sea demasiado tarde. En 2018 saltaron a los medios de comunicación dos nombres: Michael Karkoc, un anciano carpintero residente en Minnesota y supuestamente implicado en la matanza de civiles polacos, cuyo caso quedó en suspenso por motivos de salud, y Jakiw Palij, exguardia del campo de Trawniki (Polonia), de 95 años, expulsado de EE UU a Alemania por mentir a las autoridades en los años cincuenta cuando consiguió la ciudadanía estadounidense ocultando su pasado nazi. Palij falleció en enero de 2019.

En 2018 hubo otras cuatro personas acusadas en Alemania por haber trabajado en los campos de concentración nazis, pero sus casos fueron desestimados. Mientras la corte estatal de Berlín anunciaba que carecía de pruebas suficientes para acusar y enjuiciar a otro exmiembro de las SS localizado, Hans Werner H., supuestamente guardia de Mauthausen, el tribunal de Fráncfort rehusaba juzgar a un exguardia de las SS del campo de exterminio de Majdanek, argumentando su débil salud con 97 años.

Tres condenas en ocho años. Desde el año 2011 solamente se han producido tres condenas de cárcel en los tribunales alemanes: John Demjanjuk (2011), ucranio, exmiembro de las SS y guardia del campo de exterminio de Sobibor; Oskar Gröning (2015), el contable de Auschwitz, y Reinhold Hanning (2016), un guardia del mismo campo. Ninguno entró en prisión, fallecieron antes. Y solo Gröning admitió su culpa moral, que no criminal, pidiendo perdón. Estos casos han sido posibles a raíz de la actual jurisdicción alemana, la nueva política de enjuiciamiento por complicidad de los acusados cuyo antecedente se encuentra en 2011, en el juicio de Demjanjuk. Este caso sentó jurisprudencia después de décadas de la justicia alemana mirando a otro lado. Era la primera vez, desde los juicios de Núremberg y Dachau, en la posguerra, o de Auschwitz, en la década de los sesenta, que se condenaba a un exintegrante de las SS por haber trabajado en un campo.

La Zentrale Stelle. A pesar de que la cantidad de sospechosos disminuye con gran celeridad, una discreta oficina de Alemania, la Zentrale Stelle —la Oficina Central de las Administraciones de Justicia Regional para el Esclarecimiento de los Crímenes del Nacionalsocialismo—, investiga sin tregua nuevos nombres. Es una organización común de todas las administraciones de justicia de la República Federal de Alemania, cuyo objetivo consiste en localizar, conseguir pruebas y llevar a juicio a los nazis aún vivos. Nació hace 60 años, en 1958, y todavía tiene varios casos en curso. Esta labor la desarrolla su actual fiscal jefe, Jens Rommel, su sexto director, junto con otros seis fiscales que, al año, descubren una media de 30 criminales nazis vivos cuyos casos son entregados a los fiscales regionales competentes más cercanos al domicilio de los acusados. En esta situación se encuentran hoy algunas fiscalías locales a las que la Zentrale Stelle ha enviado hasta 20 casos de los campos de Stutthof, Ravensbrück, Buchenwald, Mauthausen y Auschwitz.

¿Y España? Aparentemente no hay referencias al respecto en la Zentrale Stelle, aun cuando España fue bombardeada por la Legión Cóndor durante la Guerra Civil y posteriormente, durante décadas, fue un refugio nazi bajo la protección del gobierno franquista. Tampoco parecen constar en el Bundesarchiv españoles víctimas del nazismo o testimonios como el de Francisco Boix, el fotógrafo de Mauthausen que testificó en Núremberg. La búsqueda de algún nombre, comentan desde el archivo, solo merece la pena si hay evidencia de que el buscado fue sospechoso o testigo en una investigación de crímenes nazis en la República Federal después de 1958.
La visión sobre España por parte del Wiesenthal Center tampoco es muy favorable. Así puede verse en su informe anual, Worldwide Investigation and Prosecution of Nazi War Criminals, donde aparece junto con otros países considerados como poco cooperantes por falta de presentación de datos, entendiendo que son países que en el pasado no tomaron medidas para investigar a los presuntos criminales de guerra nazis. Su director, Efraim Zuroff, explica: “Esperábamos que cuando se produjera la transición a la democracia las cosas cambiarían en España, pero no se hizo nada, ni en el Gobierno de Felipe González ni en el de Aznar”.

En el capítulo de víctimas que se vieron desposeídas de los derechos humanos más fundamentales durante la II Guerra Mundial cabe recordar algo que aconteció en España hace unos años. La Audiencia Nacional archivaba una querella que había sido interpuesta en el año 2008 por diversos supervivientes deportados y familiares de víctimas contra cinco nazis miembros de la organización SS Totenkopf (Batallón de la Calavera) localizados en EE UU. Eran guardias de Mauthausen (Austria), ­Sachsenhausen (Alemania) y Flossenbürg (Alemania) a los que se acusaba de delitos de lesa humanidad contra víctimas españolas de dichos campos.

Esta era la primera vez que unos españoles llegaban a los estrados de la justicia de nuestro país reconocidos como víctimas. En 2009, Jesús Tello y Ramiro Santisteban se desplazaron a Madrid para acudir ante el juez de la Audiencia Nacional y testificar como exdeportados de Mauthausen-Gusen. Era un momento esperanzador que años después quedaría archivado y definitivamente cerrado. Pero mucho antes de aquel episodio, Violeta Friedman, de familia judía, superviviente de Auschwitz, inició un largo proceso judicial en 1988 contra el exjefe de las Waffen SS que encontró asilo en España, Léon Degrelle, por atentar contra su honor a raíz de unas declaraciones en las que negaba el Holocausto. La sentencia en 1991 reconoció el derecho al honor y a la verdad de la demandante.

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