Polémica
por la campaña Última Oportunidad del Centro
Wiesenthal
“El paso del tiempo no convierte a los culpables
en inocentes”, dice un ‘cazador de nazis’.
Los cazadores de nazis creen que menos de un 20% de los
responsables de atrocidades cometidas durante la II Guerra
Mundial han sido identificados y juzgados. Pero el Centro
Simon Wiesenthal no se da por vencido y ha ampliado este
verano a varios países europeos la operación Última
Oportunidad para capturar a criminales de guerra. El método
de esta campaña, la recepción de denuncias
por teléfono, ha provocado amplias polémicas
en Polonia y Hungría.
“Realmente es la última oportunidad para hacerlo.
Tenemos unos cinco años antes de que todos se hayan
ido”, ha asegurado el cazador de nazis Ephraim Zuroff,
responsable de esta campaña lanzada en siete países
y que el centro pretende extender a un total de 11, entre
otros Alemania, Ucrania y Argentina. “A no ser que
hagamos algo imaginativo, muchos criminales no serán
juzgados nunca”.
Los métodos utilizados en esta operación,
que comenzó en 2003 en Estonia, Letonia y Lituania,
que continuó en Rumania y Austria y que este verano
se ha ampliado a Hungría y Croacia, son los que han
despertado mayor polémica: ofrecer recompensas de
10.000 euros a través de anuncios en prensa, establecer
líneas de teléfono para recibir denuncias,
así como campañas publicitarias. En las paradas
de autobús de Bucarest podían verse este verano
carteles con la imagen de un niño abrazado por su padre tomada durante el pogromo de Iasi, en el que, en junio de 1941, 10.000
judíos fueron deportados.
El texto asegura: “Gustav Segal murió pensando
en su familia. Su historia es la todos los judíos
masacrados en Iasi en 1941”.
“Todavía hay miles de criminales de guerra
en Europa. Estamos allí donde los judíos fueron
sesinados. También es en esos países donde
quedan más testigos”, explicó Zuroff,
que comenzó trabajando para el departamento del FBI
que se ocupa de los criminales de guerra, antes de convertirse
en el responsable de cazadores de nazis del Centro Wiesenthal. “Nadie
sabe cuántos quedan en Europa, pero si definimos como
criminal de guerra a alguien que colaboró de alguna
forma en el asesinato de civiles inocentes durante la II
Guerra Mundial, estamos hablando de mucha gente”, agregó.
A través del teléfono, se piden detalles sobre el denunciante,
el crimen y la persona que lo cometió. El Centro Wiesenthal asegura
que investiga las denuncias antes de ponerlas en conocimiento de la fiscalía
del país. La campaña ha permitido abrir cerca de 300 investigaciones,
de las que 72 dieron resultados positivos. Esos datos fueron enviados a los
fiscales locales, que han iniciado 15 procesos por asesinato, aunque no se
ha celebrado ningún juicio todavía. El Centro Wiesenthal ha explicado
que los motivos por los que lanzó la campaña son “la avanzada
edad de los sospechosos y de los testigos, la dificultad para obtener testimonios
creíbles para crímenes cometidos hacemuchos años y la
falta de voluntad política para perseguir a criminales de guerra enmuchas
sociedades
poscomunistas”.
Aunque no han discutido que se persiga hasta su último
aliento a los responsables del Holocausto, algunos historiadores,
intelectuales y expertos en la Shoah de los países
en los que se ha lanzado la campaña han puesto en
duda la legitimidad y la utilidad de las denuncias telefónicas. “Creo
que puede enriquecer a algunas personas, pero no servirá para
procesar a criminales de guerra húngaros. Por 10.000
euros ya se han presentado siete denuncias.Me temo que en
el caso de que sólo uno de esos ancianos sea detenido,
juzgado y liberado por falta de pruebas, la prensa ultraderechista
estarámuy contenta.
Esta campaña podría aumentar el antisemitismo”, asegura
LaszloKarsai, experto en el Holocausto y profesor de la Universidad de Szeged,
en el sur de Hungría, uno de los países donde la campaña
ha despertado una mayor polémica. En Polonia, el conocido político
y respetado historiador, de origen judío, Bronislaw Geremek, mostró a
la BBC su oposición a una campaña “que ofrecía dinero
a cambio de información”. El defensor del Pueblo húngaro
encargado de la protección de datos, Attila Peterfalvy, puso en duda
la legalidad de la operación. “En Hungría, las organizaciones
extranjeras sólo pueden recoger datos personales con permiso de los
afectados”, explicó Peterfalvy a la radio pública estadounidense. “Las
reticencias de Peterfalvy causaron la dimisión del primer responsable
del programa en Hungría, Iván Beer”, señala el profesor
Karsai desde zeged. Andras Daranyi, director del Centro Húngaro del
Holocausto, apoyó la campaña, pero ha reconocido que estaba mal
concebida “porque podía tener un cierto aire de venganza y nosotros
no queremos venganza”. “El paso del tiempo no convierte a la gente
culpable en inocente”, aseguró Zuroff a la prensa húngara.
El cazador de nazis insistió en que el programa continuará “cuando
sea nombrado un nuevo coordinador”. “Todo esto es un intento para
evitar que la colaboración de los húngaros con la Shoah salga
al debate público. Tenemos una obligación hacia las víctimas
y estamos trabajando contra el reloj”.
EFE, París
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